Vender un bien confiscado permite recuperar dinero. Devolverlo a la sociedad puede significar mucho más: recuperar territorio, reconstruir comunidades y transformar aquello que fue fuente de poder criminal en valor público.
La ocupación militar ya no es la única forma de erosionar la soberanía. En el siglo XXI, las organizaciones criminales disputan la autoridad sobre los territorios y obligan a pensar la recuperación del Estado más allá de la seguridad y la asistencia social.